Dicha iniciativa de la Diputada Karina Nieto, a través de un proyecto de Ley se aplicaría para integrantes de los tres poderes del Estado, que estén permanente con  la población. “Entender lo que les pasa a nuestros niños y niñas, y hablar el mismo idioma, servirá para afianzar herramientas existentes y poder garantizar entre todos y todas sus derechos”, señaló la legisladora. 

Con esta Ley se busca capacitar, especializar y actualizar de manera permanente en materia de Bullying, Grooming, Adicciones, Baja Autoestima, Trastornos Alimenticios, Violencia en el Hogar, entre otros. De esta  manera se "asegura la prevención de estas problemáticas vinculadas a esta etapa y sus consecuencias”, como así también “la detección precoz y tratamiento oportuno y adecuado”.

Entre sus fundamentos, Nieto explicó que la iniciativa surge a raíz de “situaciones registradas en los últimos meses, en las que nos vemos urgidos a hacer frente a acontecimientos observados en materia de diversas problemáticas que experimentan niños, niñas y adolescentes, como población vulnerable”, destacando que “muchas de estas situaciones, al no ser resueltas, se constituyen en la causa de una problemática mayor aún, que es el suicidio”.

En ese sentido, plantea que Santa Cruz ha adherido a diversas leyes nacionales en materia de Capacitación obligatoria en materia de Violencia de género (Ley N° 27.499 Ley Micaela), de Protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes (Ley N° 26.061), de Protección Integral a las Mujeres (Ley N° 26.485), de Protección contra la Violencia Familiar (Ley N° 24.417), de Prevención de Suicidio (Ley N° 27.130), además de la Ley de Derecho a la protección de Salud mental (N° 26.657) que “están relacionadas entre sí y vigentes, por lo que entendemos es necesario integrar sus alcances y contenidos, de manera de lograr un abordaje completo y eficaz para atender estas situaciones”.

Finalmente sostiene la diputada Nieto manifestó que “una correcta capacitación, obligatoria, continua y que alcance la totalidad de los individuos que se encuentren en contacto con esta población permitirá a entidades públicas de salud, educación, justicia, seguridad y comunicación, afianzar el trabajo en red interdisciplinario, fundamental factor protector de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.